Juan Mazzone no puede seguir siendo intendente

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Por Sergio Romero, director de diario El Tribuno

El escándalo nacional protagonizado por el intendente Juan Rosario Mazzone vuelve a mostrar el síntoma de un mal endémico en Salta: la cultura machista. Evidencia, además, una crisis institucional en el municipio de El Bordo.
El fiscal Ramiro Ramos Ossorio resolvió investigar lo ocurrido sin dejarse llevar por las explicaciones casi absurdas del intendente, quien aseguró que se trataba de una fiesta de fin de año organizada por remiseros amigos a los que había prestado su propia casa, con pileta y yacuzzi. Las imágenes subidas a las redes digitales evidencian otra cosa, ya que muestran al mismo Mazzone en situaciones inaceptables con jóvenes una de las cuales, se ha comprobado, es menor de edad.
El Instituto Jurídico de Perspectiva de Género habló, en este caso puntual de “niñas o adolescentes como personas cosificadas” y de “graves violaciones a los derechos humanos”.
Las justificaciones que ensayó Mazzone confirman que él acepta como normal conductas posesivas y machistas sobre jóvenes de cuya seguridad, como intendente, es responsable.
La claridad del Instituto mencionado contrasta con la ambivalencia expuesta por el comunicado oficial que definió la posición del gobernador Juan Manuel Urtubey. Salvo dignas y honrosas excepciones, nada dijeron los voceros habituales del oficialismo y fue atronador el silencio, especialmente, de la ministra de Derechos Humanos.
El episodio remonta al escándalo protagonizado por otro intendente, Carlos Villalba, de Salvador Mazza, con una trayectoria plagada de irregularidades nunca sancionadas por la Justicia local, que fue detenido en agosto de 2013 en un prostíbulo de Salta durante un operativo contra la trata de personas. La Justicia no halló pruebas contra él por ese caso, pero el municipio fue intervenido. Pocos meses después fue candidato a intendente con el aval del gobernador Urtubey. Las urnas aplicaron el castigo que la Justicia omitió.
El gobernador sostuvo, sobre el caso Mazzone, que “en Salta nadie es impune y nadie es culpable sin el veredicto de la Justicia”. Es una versión invertida del principio de inocencia, según el cual todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En episodios de este tipo es necesario que actúe la Justicia, pero la sanción política no puede quedar atada a las simpatías personales ni al encuadramiento de la persona involucrada.
La fragilidad de la posición oficial en ambos casos, el de Mazzone y el de Villalba, muestra que la declaración de emergencia por violencia de género decretada en septiembre pasado fue una expresión mediática y no la puesta en marcha de una política pública. Queda la impresión de que las ideas del “derecho de pernada”, el abuso institucionalizado sobre las niñas y la costumbre de que los poderosos sometan sexualmente a los subordinados continúan rigiendo muchas conductas.
El exministro de Seguridad, Maximiliano Troyano, fue nombrado fiscal -en un trámite de dudosa legitimidad- luego de que debiera renunciar por la indignación que generaron declaraciones suyas, con un tono machista rayano en el absurdo, que reducían las declamaciones sobre los derechos de la mujer y de los menores a mera cosmética. El Gobierno y la Legislatura legitimaron expresiones que justificaban nueve casos de agresiones sexuales a turistas por la supuesta imprudencia de las víctimas. Fue una muestra acabada de la cultura machista en una provincia donde está impune el asesinato de las universitarias francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, donde en 2014 fueron asesinadas 17 mujeres y donde parece haber sido olvidada la muerte heroica de la maestra de El Bobadal, Evelia Murillo, a manos de un abusador que se creía con derechos sobre una alumna de esa escuela rural.
Juan Rosario Mazzone no puede seguir siendo intendente porque su conducta no condice con los principios básicos que debe observar todo funcionario.
El Gobierno provincial no debería eludir su obligación de garantizar el funcionamiento de los instrumentos institucionales, que son la intervención al municipio de El Bordo o el juicio político con separación inmediata del cargo, independientemente, como corresponde, de la investigación judicial.

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