Juan Carlos Romero puede ser citado a declarar en la causa de La Ciénaga

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La causa iniciada al senador nacional por la apropiación de terrenos del Estado retornó a la justicia provincial, luego de que se venciera el plazo de un recurso extraordinario presentado por su defensa, para que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida sobre si le corresponde prestar declaración indagatoria.

Ante esa situación, la Corte de Justicia de Salta está habilitada para devolver la emblemática causa contra el ex gobernador, al juzgado de Instrucción en Transición Numero 4, a cargo de José María Alvarado Solá, donde está radicado el expediente principal.

Luego de ello, el juez Alvarado Solá deberá convocar a Juan Carlos Romero para que preste declaración indagatoria, tal como fue habilitado por la Corte de Justicia de la Provincia cuando rechazó el recurso de casación y consideró que Romero no debe desprenderse de sus fueros para presentarse ante el juez.

La acusación que pesa sobre el actual senador nacional, y candidato para renovar esa banca, se inició en el año 2010, cuando la fiscal penal María Inés Loyola entendió que Romero se valió de un grupo de personas que cooperaron para desplazar un inmueble de patrimonio del Estado provincial, hacia su hijo Juan Esteban Romero, por lo que le imputó al ex mandatario la condición de autor mediato en el delito de peculado.

La Fiscal Loyola promovió en 2010 acción penal contra el ex gobernador, su hijo Juan Esteban Romero y ex funcionarios del gobierno de Romero en la causa que investiga la Justicia por la compra y venta de 90 hectáreas en La Ciénaga. Según versa la denuncia, “las tierras inicialmente compradas por el Estado con destino a familias de escasos recursos inscriptas en el programa Familia Propietaria, expresamente creado con la finalidad de asegurar a cada habitante un lugar digno para asentar su familia, terminaron en poder de la empresa Estancia El Carmen, cuyo presidente era el hijo del ex gobernador, Juan Esteban Romero”.

Apoyándose en la teoría de la autoría mediata, la fiscal Loyola aportó primero al Juez de Instrucción Formal de Cuarta Nominación, Antonio Germán Pastrana, un informe del Juzgado de Minas en lo Comercial, del cual surgió que el presidente del directorio de Estancia El Carmen S.A era Juan Esteban Romero. La fiscal estableció que el inmueble, matrícula 129.196, “salió del patrimonio del Estado con destino al patrimonio de la familia del entonces gobernador, quien ejecutó el acto de peculado, simulándolo a través de una cadena de adquirentes que terminó en estancia El Carmen SA, siendo posible establecer claramente que el objeto de la maniobra fue beneficiar a su hijo”.

Recientemente, uno de los imputados de la causa, José Luis Agustoni, junto a su esposa, prestó declaración indagatoria, y reconoció que los cheques recibidos por la venta de las 90 hectáreas de La Ciénaga, los cobró Raymundo Sosa, uno de los abogados de Romero. Las 90 hectáreas del terreno conocido como La Ciénaga, fueron adquiridas por la provincia el 5 de junio de 1998, mediante el decreto Nº 1297, firmado por Fernando Zamar, por entonces gobernador interino. En dicho documento se acepta como pago de tercero por la deuda que mantenía la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial, una fracción de terreno ubicada en finca La Ciénaga.

En el artículo 5, se estableció que las tierras ingresaban al patrimonio de la provincia para ser destinadas al Programa de Familia Propietaria. La operación, avalada por el ex escribano de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta por 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar. En 2004, con la cotización del dólar a $ 2.91, la propiedad alcanzó un valor de 3.201.000 pesos. Según la acusación penal, Romero autorizó la entrega de las 90 hectáreas como pago por una suma de 460.000 pesos a José Luis Agustoni, mediante escritura pública de fecha 16 de febrero de 2004.

En esa operación intervino la ex escribana de Gobierno, Laura Inés Wayar. Agustoni a su vez vendió el terreno a María Cecilia Pérez de la Fuente por la suma de 100 mil pesos, en carácter de compra en comisión para la sociedad Prados de Atocha S.A. Esa operatoria también fue autorizada por la escribana Wayar, pero en carácter de particular. El 19 de noviembre de 2009, el terreno fue transferido a Estancia El Carmen S.A. por la suma de 100 mil pesos, mediante un documento firmado por el escribano romerista Manuel Brizuela.

Declaración del imputado Agustoni

La hipótesis que se maneja en la justicia local sobre la operatoria irregular por la que se acusa a Romero, es que José Luis Agustoni actuó de testaferro en la venta del terreno. En su declaración indagatoria, Agustoni aseguró que a los cheques utilizados para la operación de la que él participó: “los endosó y los cobró el doctor Sosa”.

El imputado agregó que nunca fue a ver las 90 hectáreas de La Ciénaga, terreno que recibió como parte de pago del Estado provincial por otras 11 que poseía en la zona de San Lorenzo, y que al vender las 90 hectáreas de La Ciénaga a la firma en formación Prados de Atocha S.A. aceptó por recomendación de la escribana María Ceceilia Pérez de la Fuente, también compradora de ese terreno, que dicha venta figure por el monto de 100 mil pesos, pero que en realidad recibió $ 500.000.

Recurso extraordinario

La Corte de Justicia de Salta recibió para dar trámite, cinco recursos presentados por la defensa técnica de Juan Carlos Romero para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que defina si es que puede prestar declaración indagatoria o no en las cinco causas que se tramitan en su contra. El recurso extraordinario federal, tal la denominación de la vía elegida, fue presentado contra las decisiones de la Corte de Justicia local que rechazó la casación contra las resoluciones de las instancias anteriores y que habían ordenado, en consecuencia, que Romero preste directamente declaración sin su previo desafuero como senador nacional, tal como establece la ley nacional 25.320, conocida como “ley de fueros”.

El último planteo extraordinario fue interpuesto contra el rechazo de la casación en la causa conocida como La Ciénaga. Previamente, la defensa técnica de Romero había presentado recursos similares en otras cuatro causas. Por la extemporaneidad de esta última presentación, es que actualmente el ex gobernador puede ser citado a declarar, por la que constituye quizás la más emblemática de las causas que se siguen en su contra.

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