Obras sociales no cubren tratamientos de fertilidad

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Hay expectativa para que se trate la adhesión a ley nacional de fertilidad y se apruebe la norma acordada entre pacientes y médicos.

“Cuesta asumir como mujer el no poder ser madre. Es lo peor que te puede pasar, por lo menos a mí, y creo que muchas sienten lo mismo. Es lo peor del mundo saber que algo tan natural no podés hacerlo, te parte en dos. Te sentís mal y con bronca porque tu derecho a ser madre depende de un tercero, duele mucho”; así de contundente es la manera en la que Silvana describió este proceso que inició hace cuatro años en compañía de su pareja. Esta joven de 33 años, que no puede quedar embarazada, dialogó con El Tribuno para contar cuál es su situación actual, ahora que está a un paso de iniciar una fecundación in vitro. El presente solo le promete demoras, un tiempo preciado que ella, al igual que otras tantas mujeres, no pueden perder. El reloj biológico está en cuenta regresiva.

La autorización

Silvana es de Salta Capital y junto a su pareja buscan un bebé hace cuatro años. Al principio no estaban pendientes del tema, pero Silvana empezó a notar que el tiempo pasaba y no quedaba embarazada. Decidió hacer la consulta médica que terminó con la derivación a un especialista. Desde allí se abrió la puerta a un camino desconocido, en el que es imposible no generar expectativas.

En 2012, luego de una serie de estudios, le practicaron tres inseminaciones y ahora está dispuesta a dar un paso más: iniciar un tratamiento de fecundación in vitro, recomendado por su médico.

Silvana se asesoró y el 16 de septiembre presentó sus papeles a la prepaga a la que es afiliada (OSDE). Entre los papeles que presentó está su historia clínica, la indicación del médico que solicitaba un tratamiento de alta complejidad (fecundación in vitro) y un presupuesto del tratamiento.

“Aunque nos atendieron muy bien, la chica que se encargó de asesorarnos con los requisitos de la prepaga no tenía idea de lo que decía la ley”, contó la joven, quien comentó que le pidieron que adjuntara en su carpeta los resultados negativos de la tres inseminaciones anteriores, estudios médicos de su pareja. Posteriormente le solicitaron las partidas de nacimiento de ambos y libreta de familia, que como Silvana es soltera, se reemplazó por un certificado de convivencia.

“Primero nos dijeron que yo y mi pareja teníamos obras sociales diferentes,luego me pidieron estudios de él y finalmente,cuando presenté todo el 20 de septiembre, me dijeron que el médico auditor había viajado y que me iban a dar una repuesta en tres semanas”, relató la mujer.

“La chica que me atendió me dijo: Me están diciendo que según la ley tenés que tener tres inseminaciones a partir de la nueva ley y luego pasar a tratamientos de mayor complejidad. Tengo que hablar y convencerlo al médico auditor de que no te haga esto”, relató Silvana sobre lo que la secretaria de la prepaga le dijo.

A esto, la joven respondió indignada: “Ustedes no me pueden obligar ni física ni psicológicamente a volver a someterme a tres inseminaciones de nuevo, si ya las hice”.

Hasta ahora Silvana no tuvo respuesta a su pedido, pero sí tiene interrogantes: “Lo que no entiendo es que haya un solo médico auditor en OSDE para todos los casos”, aseguró Silvana con su pareja. Aunque El Tribuno se contactó por correo con la prepaga, no obtuvo respuestas.

En la transición

Desde la promulgación de la ley nacional de fertilidad el 5 de junio hasta la fecha, se gestó un proceso de transición en el que las prestadoras esperan la norma local para el acceso a la cobertura, a pesar de que con la ley nacional alcanza para hacerla efectiva.

Según Salud y Vida Salta, las obras sociales, prepagas y los que brindan servicios médico-asistenciales están recibiendo los pedidos y recepcionando la presentación de los requisitos para iniciar el expediente, pero casi no están autorizando las prácticas. “Hay mucho desconocimiento sobre la ley. La dilación de este trámite lo consideramos un maltrato para quien solicita un tratamiento”, sostuvo Karina Per, de Salud y Vida Salta.

Expedientes en el IPS

La gerente del Instituto Provincial de Salta (IPS), Gladys Sánchez, se refirió a cómo la obra social está dando respuesta a los tratamientos de fertilidad: “Esto es un período de transición, pero eso no quita que no estemos analizando la cobertura de cada caso y no quiere decir que esté frenado. Muchos de los pacientes están presentando su documentación y si mañana mismo cada uno de esos expedientes tiene toda la documentación y está justificada, se autoriza la práctica”, expresó Sánchez.

La gerente del área Seguro Social del IPS mencionó que hasta ahora recibieron unos 20 expedientes con el pedido de tratamientos de fertilidad. Seguramente ese número aumentará, por la demanda contenida, y por la cobertura actual de la obra social en la provincia, que comprende unos 260 mil afiliados en Salta.

Sánchez contó que en las reuniones con los titulares de los centros de fertilidad se hicieron para consensuar los protocolos de atención a las pacientes, los estudios médicos que se pedirán como requisitos, el precio de las prácticas, etc.

La gerente detalló que serán criterios de exclusión las mujeres que tengan enfermedades crónicas y que puedan agravarse con un embarazo. Un ejemplo de ello son las cardiopatías, nefropatías, coagulopatías, o enfermedades de transmisión aguda de alguno de los integrantes de la pareja. En ese caso se habló de una enfermedad infecciosa específica que hasta el inicio del tratamiento de fertilidad no se haya realizado el tratamiento indicado. Sánchez agregó que otro criterio de exclusión incluye a “una paciente que tenga una enfermedad psiquiátrica y que el embarazo pueda agravar esa enfermedad”.

Esperan la firma del acuerdo entre IPS y centros de fertilidad

El artículo quinto de la ley 26.862 establece como requisitos que “los procedimiento y técnicas de reproducción médicamente asistida solo pueden realizarse en los establecimientos sanitarios habilitados que cumplan con los requisitos de determine la autoridad de aplicación”. Asimismo, en el artículo sexto de la ley se indica que hay que publicar la lista de los centros habilitados, tanto públicos como privados. Esa lista se publicó el 17 de agosto y allí se señaló que en Salta hay tres centros especializados en medicina reproductiva. En ese marco, las obras sociales deben firmar convenios con los centros locales para permitir a los pacientes que sean asistidos y tratados por especialistas locales y evitar las derivaciones hacia otras provincias.

Juan Aguilera, director médico de Saresa, explicó a El Tribuno: “Las negociaciones avanzan muy bien. Nos dijeron que antes del viernes se firmaría un acta acuerdo”.

“Sería absurdo que no se hagan los tratamientos en Salta cuando hay centros habilitados para eso”, explicó Aguilera, quien agregó que las pacientes no solo no quieren viajar, sino que también en esas derivaciones juegan otros factores como el ausentismo en el trabajo, la familia, el traslado, etc.

Adrián Char, director médico de Vitae, destacó que en las reuniones con el IPS se tiene que acordar la modalidad de trabajo que se aplicará, qué estudios se pedirán a los pacientes, el tipo de cobertura y los tratamientos, además de costos de las prácticas.

Fernando Baso, director médico del Centro Mather, mencionó: “Las obras sociales y prepagas también deberán firmar convenios con los centros, lo que pasa es que también hay expectativa en ver qué acuerda primero el IPS”, sostuvo el especialista.

El médico señaló: “No hay que dilatar mucho el tema porque los pacientes necesitan la cobertura y acceder a los tratamientos”.

El mes prometido

Hace dos semanas el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, recibió formalmente la propuesta de norma que se elaboró entre la organización Salud y Vida Salta, junto al especialista en reproducción humana, Juan Aguilera.

Soledad Villoldo, abogada de Salud y Vida, explicó a El Tribuno que Godoy asumió el compromiso de leer el material y de tratar el tema en el recinto después de las elecciones provinciales. “Nosotras repetimos que no queremos que se agreguen más restricciones a ley nacional porque no queremos que se mermen nuestros derechos”, aseguró.

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