El Gobierno dispuso $12,7 millones como base para vender un terreno céntrico

Ayer, y como lo había adelantado Nuevo Diario, el gobierno provincial publicó el decreto por el cual se estableció en 12.700.000 millones de pesos la base para vender por licitación pública un terreno céntrico.

El terreno que fue desalojado en enero

El inmueble es el que fue desalojado el 24 de enero pasado, cuando por orden de la Justicia se dispuso sacar del terreno a quienes actualmente pertenecen a la Cooperativa 25 de Mayo y que explotaba la Playa de Estacionamiento que funcionaba en España 750. EL inmueble ya había sido solicitado por los fundadores de la Cooperativa, quienes denunciaron que esta fue cooptada por una sola familia, que con el tiempo y mediante distintas estrategia los fue sacando de la cooperativa, a pesar de que la Cooperativa debía funcionar con el 80% de sus socios fundadores.

Esta entidad había sido creada en 1996, cuando el ex gobernador Juan Carlos Romero dejó sin trabajo a 5000 empleados estatales.

En ese marco, 12 empleados del ex Consejo Provincial de Educación conformaron la Cooperativa para explotar la Playa de Estacionamiento a condición de no hacer ningún reclamo por haber quedado fuera de la planta estatal.

Tras diversas deudas generadas por la falta de pago del canon, es que el Estado (luego de años de reclamos de los fundadores), elevó actuaciones judiciales para disponer el desalojo.

Según lo indica el decreto, se encomienda a los Ministerios de Educación, y de Economía “la coordinación de los proyectos de infraestructura educativa, para cuya construcción se destinará principalmente el producido que se obtenga de la venta”.

Mientras, y a fin de “evitar posibles acuerdos especulativos, el Estado se reserva la facultad de dejar sin efecto el llamado, además de los supuestos generales de la ley, en particular si por alguna razón no se procediera a la venta al oferente que ocupe el primer lugar”.

En prevención de operaciones de lavado de dinero, “se ha incorporado al Pliego de Condiciones Particulares la exigencia de presentación de declaración jurada de licitud y origen de los fondos que se ofrezcan”, sostiene el instrumento legal.

 
Fuente: Nuevo Diario
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