Comunidades aborígenes: okupas disfrazados de malón

La ausencia del Estado provincial como estrategia de gestión habitacional. Aumentan los pedidos de personería jurídica de grupos que se proclaman indígenas para ocupar y obtener terrenos. Si son tierras fiscales o privadas no importa, una ley impide el desalojo. Una difusa línea divide los pedidos y los negocios.

Como en todos los casos de usurpación de tierras, el tema es al menos delicado con lo cual hay que ser muy cuidadosos al momento de emitir juicio alguno. Es muy difusa la línea que divide a quienes reclaman legítimamente sus ancestrales tierras y aquellos que lucran con las urgencias habitacionales de las familias en Salta.

De un lado están las personas cuyos padres y abuelos vivieron desde tiempos inmemoriales en tierras de las cuales no tienen título de propiedad, pero que legítimamente les pertenece.

Del otro, están los que ocupan un terreno -fiscal o privado, poco importa- y quienes les ofrecen un “servicio” para obtener legalmente esa porción de tierra.

Estos últimos utilizan las zonas grises que pueden generar las interpretaciones de las leyes que dispuso el kirchnerismo en su política a favor de los aborígenes, para usurpar terrenos.

La que abre las puertas del plexo jurídico es la Ley 26160 que establece que debe suspenderse “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas”, y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debe realizar un relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas.

Reglas para ser

Otra de las facilidades son los requisitos con los que tiene que contar el grupo de familias que quieren integrar una determinada comunidad para ser considerada aborigen.

El organismo que legaliza a una comunidad aborigen es la Dirección Provincial de Personería Jurídica.

Los requisitos son la presentación de una nota, información filiatoria de los miembros, un censo de la comunidad, el detalle del lugar donde habitan, una reseña histórica, un croquis que puede ser hecho con los aparatos de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y las pautas de la organización interna.

Esa carpeta con los requisitos luego pasa al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) para que sea aprobado en asamblea que, en algunos casos, “casualmente” la integran los mismos caciques que la redactaron.

Está el ejemplo de la comunidad Diaguita Cholonka que obtuvieron la personería jurídica en 2007 luego de la tramitación realizada por la cacica Eusebia Puca, quien a su vez es vocal del IPPIS.

Con papeles en mano, que habilitan su condición de originarios, intentan ingresar desde principios de diciembre sobre terrenos de unos puesteros criollos que lo defienden con su vida, en la zona de Lesser.

Los puesteros tampoco tienen las cédulas parcelarias a su nombre, pero la Justicia le dio la posesión de esas tierras, hoy objeto de disputas.

Este fue el origen de la violencia y la permanente tensión que se vive a orillas del río Vaqueros, a poquísimos kilómetros de la capital salteña.

Al grupo de familias lo convencieron de que son auténticos aborígenes, que esas tierras les pertenecen y que harán lo que sea para conseguirlas.

Del otro lado, los puesteros apelan a cualquier método para que no pasen sus alambrados.

Llega la Policía y reprime a todos: okupas y puesteros. Todos son inocentes y culpables.

Sin embargo, los terceros son la duda. Los puesteros acusan al Sindicato de Camioneros de integrar la fuerza de choque de los okupas.

Hay gente que mide los terrenos, pero que no mensura, pues toda persona al menos instruida sabe que un cálculo realizado con GPS adolece de valor legal.

En cuanto a la cuestión aborigen, no existe una política provincial respecto del tema tierras debido a que es el IPPIS el que dicta las acciones y además, por alguna razón, no tiene órgano externo que lo controle.

 

Fuente: Diario EL Tribuno

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