El drama de no ser hija del doctor

Otra menor embarazada tras un abuso es obligada por médicos y jueces a continuar la gestación con alto riesgo para su vida.

 

Prohibición. Rige sólo para quienes carecen de recursos.(TELAM)

El debate para legalizar el aborto no tuvo definición el año pasado, pero este año ya volvió a plantearse. El jueves pasado, la madre de la nena de 11 años que fue violada retiró el pedido de aborto para su hija. Las organizaciones sociales que piden por la libertad de decisión del propio cuerpo están de acuerdo: el tema va a seguir empujando hasta que se convierta en derecho para todas.
La nena es de General Campos, un municipio del departamento de San Salvador, en Entre Ríos. Allí viven 3000 personas. Pese al requerimiento de la madre para que le realicen un aborto no punible a su hija, el director del Hospital de San Salvador, Juan Arletaz, le aconsejó que hiciera una denuncia policial y judicial.
El jueves pasado, la madre desistió de la decisión que había tomado, y aseguró que su hija continuaría con el embarazo. La organización Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal de esa provincia denunció que “la madre de la niña fue intimidada, presionada, manipulada para que retire el pedido de la interrupción del embarazo”. Mientras que el ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, puso a la luz una práctica considerada como “abuso de poder”: “Me baso en lo que dicen los especialistas, que puede seguir el embarazo como muchísimas adolescentes”. Cettour se apoyó en el informe del Hospital Masvernat, de Concordia, que realizó estudios a la nena, a solicitud del Juzgado de Familia de esa localidad, donde recayó el pedido de la autorización para llevar adelante la interrupción del embarazo.
El embarazo de la niña lleva 11 semanas y media. “Es una suma de riesgos, y la simplificación del caso por parte de autoridades sanitarias no es positivo”, asegura el doctor Ariel Karolinski, representante de la Comisión Coordinadora de la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (Asumen). “Hay que desmitificar todo esto. Es un caso clarísimo que encuadra en la ley vigente, desde el aspecto legal no hay ningún impedimento. Y cumple con los dos aspectos que pide el Código Penal: evita un peligro para la salud de la persona, porque la nena fue violada”, sostiene el médico.
Un texto confeccionado por Asumen –que contó con el apoyo del Ministerio de Salud nacional y fue publicado por la OMS– revela que el riesgo de muerte materna se incrementa significativamente en las niñas menores de 15 años. En nuestro país se producen anualmente más de 3.000 casos de nacimientos en niñas madres; significa que 4 de cada 1.000 mujeres que paren en Argentina están en esta situación, transformándose en una real catástrofe sanitaria que debiera ser evitada.
Pero además de los riesgos del cuerpo, los daños psicológicos son casi igual de graves: la lista incluye traumas psíquicos (más aún si la niña fue forzada), dificultades en la esfera social (exclusión social y del sistema educativo), y afectación del proyecto de vida. Además, los hijos de madres adolescentes tienen cuatro a cinco veces mayor riesgo de morir dentro del primer año de vida, sumado al mayor riesgo de enfermar y morir que tienen los niños producto de un embarazo no deseado.
“No tendría que haber discusión, sino hubiera otro tipo de intereses secundarios”, apunta Karolinski. “Cada sector tiene un grado de responsabilidad alto por decidir sobre la calidad de vida de una persona, que en este caso tiene 11 años. Sería bueno que la mamá de esta chica tenga toda la información, no que sea sesgada, que todos los relacionados con este caso cuenten con la evidencia científica disponible”.
El viernes pasado se realizaron numerosas actividades en Concordia acompañadas por organizaciones de todo el país: Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, Fulanas y Menganas, CTA regional, Agmer (Asociación Gremial Magisterio de Entre Ríos) y Red de Alerta Concordia llenaron la plaza central del departamento entrerriano.
Un grupo de representantes se entrevistó con Raúl Tomaselli, el juez de familia que intervino en la causa. “Nuestro objetivo fue entregar información concreta sobre aborto seguro y un listado de 15 centros de salud y hospitales públicos de diferentes lugares del país donde la niña y su madre, y cualquier mujer o niña, pueden acceder a una consejería pre y posaborto”, cuenta Luciana, de la Línea Aborto con Pastillas. Esa lista incluye a los hospitales Argerich y Álvarez, de Capital Federal, y los Cesacs que dependen de estos hospitales, el hospital municipal de Morón, los hospitales públicos de Rosario, el hospital “Castro Rendón” de Neuquén y el centro de salud del Hospital “José Ingenieros” de La Plata.
“El juez quiso dejar claro que su intervención comenzó cuando la niña ya tenía varias semanas de embarazo, que no era un caso para judicializar y debía ser resuelto por el sistema de salud antes de ese término. Le dimos datos concretos de hospitales y centros a los que la niña tiene derecho a acceder y puede ser atendida hoy mismo en una consejería pre y posaborto. Nos sorprendimos entonces que se haya excusado en sus vacaciones y que ya no interviniera en la causa cuando hay derechos en juego tan cruciales y límites temporales concretos para que la niña no sufra más riesgos en su salud”.
Para Fulanas y Menganas lo más sorprendente fue que reconocieron que no tenían información de las consejerías pre y posaborto. “Nos planteó que es importante respetar la decisión final de la familia de no abortar. Y nos pusimos a su disposición para articular en casos futuros y evitar revictimizaciones”.

 

fuente: sur.infonews.com

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