Golondrinas de un solo verano

A UN AÑO DE LOS OPERATIVOS CONTRA EL TRABAJO ILEGAL EN EL CAMPO. Tras las sanciones por casos de trabajadores eventuales sometidos a condiciones infrahumanas, muchas empresas mejoraron las condiciones laborales. Hay procesados, pero ningún detenido.

Por Emilio Ruchansky

A un año de que se difundieran las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos miles de peones rurales en Argentina, no hay un solo encargado o directivo o empresario que esté detenido. Sin embargo, grandes semilleras como Nidera, Satus Ager y Suthern Seeds Production recibieron sanciones administrativas por parte de la AFIP o el Ministerio de Trabajo y hubo cambios en las condiciones laborales. “De los primeros operativos en 2011 a las últimas inspecciones en diciembre hay avances: ahora las casillas son para 9 personas y no para 18, en los campamentos hay electricidad, duchas, heladera, freezers, comedores…”, enumeró el fiscal de San Nicolás, Darío Giagnorio, quien instruyó la causa contra Nidera en San Pedro, donde fueron rescatadas 120 personas de la Estancia El Algarrobo.

Algunas causas judiciales, como la que investiga a Nidera, podrían demorar varios años en resolverse. La estrategia de los abogados de esa multinacional es conseguir que se juzgue lo descubierto en un fuero provincial, como “reducción a la servidumbre”. En cambio, el fiscal Giagnorio, apoyado por informes oficiales contundentes, como el de la Oficina de Trata del Ministerio de Justicia nacional, considera probado que existió un delito federal, el de “trata de personas” con fines laborales. Ambos delitos prevén penas, si median agravantes, de hasta quince años de prisión, pero con la reforma a la ley de trata, en trámite legislativo, podrían elevarse.

En la finca El Algarrobo era la firma Comat, que suele proveer mano de obra tercerizada a empresas agropecuarias, la que vendía de forma monopólica y a precios exorbitantes alimentos e insumos de higiene a los peones. Nidera solventaba 24 pesos diarios para alimentos, que a veces venían en mal estado, y el resto de lo que gastaban para más alimentos, ropa de trabajo y elementos de higiene se les descontaba, según consta en la causa.

La discusión sobre el fuero judicial llegó hasta la Cámara de Apelación de San Nicolás, donde se aceptó la requisitoria fiscal para que un tribunal federal juzgue a la multinacional por trata de personas. El fallo fue apelado y está en Casación bonaerense. A partir de una denuncia de un grupo de organizaciones civiles encabezada por Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Ce-dha), el rol de Nidera está siendo analizado por Oecd Watch, una organización internacional que investiga y sanciona las conductas empresariales irresponsables.

En el caso de las semilleras Satus Ager y Suthern Seeds Production (SSP), hubo una serie de pedidos desde la fiscalía federal de San Nicolás, a mediados de enero del año pasado, para que cinco directivos sean detenidos. Unos días antes fueron rescatadas alrededor de 250 personas “trabajando” en condiciones inhumanas en campos bonaerenses relacionados con estas empresas, ubicados en San Pedro, Ramallo y Arrecifes. El Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo Carlos Villafuerte Ruzo, negó los pedidos.

“Apelamos esas eximiciones de prisión ante la Cámara Federal de Rosario y rápidamente se confirmó la decisión del juez, que después les dictó ‘falta de mérito’ a los acusados en marzo de 2011. Volvimos a apelar pero la misma Cámara no se expidió rápido… todavía estamos esperando”, señaló una fuente de la fiscalía federal, encabezada por Juan Patricio Murray. “Villafuerte Ruzo es implacable con la trata con fines de prostitución pero con la trata para explotación laboral tiene otros criterios”, agregó la fuente.

Nicolás Figari, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también tiene varios expedientes cuyo trámite está demorado. “Son alrededor de quince causas y van bastante lentas”, comentó. El caso más emblemático es el de la finca de aceitunas del diputado salteño Alfredo Olmedo, en La Rioja. Allí, en febrero pasado, la AFIP constató que había una letrina para más de treinta personas, muchos peones dormían en el piso, con un cartón como colchón y entre las carpas corría un riacho que oficiaba de cloaca.

“Sus abogados plantearon nulidades en la indagatoria de Olmedo, algo bastante ridículo, y estamos esperando la respuesta de una Cámara de Córdoba”, señaló Figari. Como en los casos bonaerenses, los abogados defensores de los explotadores encaminan las causas a juzgados provinciales y no a los federales, que cuentan con más recursos para la investigación. La Secretaría de Derechos Humanos también lleva causas contra la Satus Ager en Bahía Blanca y otras empresas ligadas a la tala de árboles o la fabricación de ladrillos.

En 2011, Gustavo Paturlane, subdirector del área Técnico Legal de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, giró 219 denuncias a esa secretaría. “Constatamos trabajo forzado, condiciones insalubres y trata de personas”, repasó el funcionario. El aluvión de demandas “sobrepasó a la secretaría”, admitió Figari, quien eligió ser querellante en las causas más graves y de a poco, agregó, ir sumando las otras. “Es muy difícil que prescriban porque los delitos tienen una expectativa de pena grande”, observó.

El Ministerio de Trabajo de la Nación también aportó denuncias, aunque los entes provinciales en la materia no tuvieron un papel protagónico. En julio de 2011, en la reunión del Consejo Nacional del Trabajo, en Resistencia, Chaco, algunas autoridades de los ministerios provinciales criticaron a la AFIP diciendo que interfería en sus competencias al denunciar estos casos. Desde el organismo impositivo respondieron que sus inspectores están obligados a denunciar los atropellos a la dignidad humana. “¿Y cómo saben que los trabajadores están en condiciones insalubres?”, desconfiaba algún funcionario provincial en esa reunión. La AFIP tenía documentada cada una de sus actuaciones.

Más allá del llamativo retraso judicial en sus distintos fueros, las fuentes consultadas por Página/12 reconocieron que las denuncias, y sobre todo la difusión periodística, motivaron cambios positivos en algunas empresas respecto de los peones golondrina. El caso más paradigmático es el de la semillera Pioneer, que el 7 de diciembre pasado inauguró un complejo habitacional en Pergamino, que alberga a más de 190 peones entre noviembre y febrero y el resto del año será cedido al municipio.

“Otro de los avances que notamos es que en algunos lugares no se paga más por hectárea cosechada, lo que permitía, en el caso del maíz, que los patrones obliguen a repasar una misma área cosechada sin pagar extra. Ahora están pagando por día, se trabaje o no”, explicó el fiscal Darío Giagnorio. La ley que establece el nuevo régimen para peones rurales, promulgada hace poco más de un mes, también delinea otro panorama: establece ocho horas diarias de trabajo y no las habituales jornadas de sol a sol, fija normas de higiene y alimentación y permite jubilarse a las 57 años con 25 de aporte.

Lo más importante de esta ley es la prohibición, en lo que respecta al sector agropecuario, de las empresas que reclutan peones golondrina. Las reemplaza por una bolsa de trabajo en el ámbito de la cartera laboral. De esta forma, Adecco, Man Power o Rural Power, firmas que las multinacionales y otras empresas contrataban para tercerizar la mano de obra, estarán fuera de este mercado. Si algo queda claro en los expedientes judiciales, es que estas proveedoras de recursos humanos muchas veces operaban como los antiguos tratantes de esclavos.

 

Fuente: pagina12.com

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