Subtes: el gobierno porteño justificó ante la Justicia el tarifazo del 127%

El pro defiende una medida cuestionada por los usuarios. La administración de Mauricio Macri respondió un requerimiento del juez Fernando Juan Lima. Argumentó que el aumento del boleto busca compensar la reducción de subsidios. Expectativa por una definición, el lunes próximo.

 

Por Néstor Espósito
 El gobierno porteño anticipó tres días su respuesta al requerimiento de explicaciones que el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Fernando Juan Lima le formuló en relación con el incremento del 127% en el precio del pasaje del servicio de subtes. En una presentación que entregó ayer al mediodía, reiteró básicamente que debió aumentar el costo de pasaje para compensar la reducción de subsidios que dispuso el gobierno nacional al momento de acordar el traspaso del servicio a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La Procuración porteña tenía plazo hasta las dos primeras horas judiciales del martes próximo para contestar el pedido del juez, pero acaso imbuido como está el gobierno de Mauricio Macri de un marcado “optimismo” sobre lo que resolverá el magistrado, decidió adelantar los tiempos y precipitar así una resolución. El lunes próximo se insinúa como el día clave. Probablemente en el curso de la mañana los millones de usuarios de subte sabrán si deben pagar el pasaje a 2,50 o persiste el 1,10 que desembolsaban hasta la semana pasada.
La administración Macri reinterpretó el “tarifazo” desde la dialéctica. Habló de adecuación de la tarifa y evitó llamarlo aumento. En líneas generales, repitió los argumentos contenidos en el Decreto 27/2012: “Existe una necesidad de generar recursos genuinos a favor del servicio, que no pueden ser obtenidos de otra forma que no sea mediante la adecuación de la tarifa, ya que no se cuenta con otra fuente de recursos genuinos para poder integrar las sumas que la Nación deja de pagar.” Según la respuesta a la justicia, el traspaso del subte a la jurisdicción porteña fue sorpresivo y posterior a la aprobación del Presupuesto porteño para 2012. En consecuencia, se trata de un gasto no previsto. Como el gobierno nacional redujo a 360 millones de pesos el subsidio (y ese aporte se realizará sólo por este año), el dinero que falta para –según el gobierno de la Capital– mantener el servicio, debe provenir de una fuente de financiamiento claramente identificada: los usuarios.
En Bolívar 1 sabían que el juez Juan Lima le estaba prestando especial atención al argumento del gobierno referido a una audiencia pública realizada en 1999. El dato es parcialmente novedoso, ya que hasta ahora se mencionaba una fecha posterior y con un resultado diverso. El documento entregado al magistrado alude a la tarifa “aprobada en el Contrato de Concesión, modificado por la Addenda de 1999, analizada en la Audiencia Pública que se llevó a cabo al momento de tratarse la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de la concesión de subterráneos”. Ese documento, según el PRO, autorizó la fijación del precio del pasaje en 75 centavos de dólar. Y si no se aplicó no fue por la emergencia económica y el estallido de la crisis, sino porque la política de subsidios permitió compensar la ecuación económica. En el fondo del argumento subyace la idea según la cual el gobierno porteño se ve poco menos que obligado a aumentar el precio del boleto por una decisión ajena, del gobierno nacional, de reducir el subsidio. Parece decir ‘es esto o dejar de tener subtes’ . El decreto que dispuso el incremento tarifario advierte que “frente al riesgo que ello conlleva no puede este gobierno permanecer inmóvil o en actitud pasiva, dilatoria de la efectiva obligación asumida, debiéndose prever en forma efectiva y actual el mecanismo más idóneo para cubrir el déficit operativo resultante”.
En sentido similar, aunque haciendo más hincapié en las condiciones del servicio, respondieron el traslado del amparo la empresa Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). Las tres exceden en sus contestaciones lo que estrictamente les pidió el juez, esto es pronunciarse sobre el pedido de medida cautelar de “no innovar”, que en este caso se traduciría en “no aumentar”. Directamente piden el rechazo de la pretensión de los amparistas Ciudadanos Libres (el primero de todos, del abogado José Mangiocalda); los legisladores Aníbal Ibarra, Delia Bisutti y Susana Rinaldi, entre otros, acompañando a otras ONG de defensa de los derechos del consumidor, el legislador porteño Alejandro Bodart y la ex diputada Vilma Ripoll y el Partido Obrero

 

Fuente: tiempo.infonews.com

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